Las autoridades capitalinas enfrentan complicaciones para investigar a redes sociales y plataformas digitales cuya operación se centra fuera del país.
La Ciudad de México ha puesto en marcha una estrategia para combatir el phishing y los fraudes cibernéticos que afectan a sus habitantes, aunque enfrenta importantes obstáculos operativos y legales para lograrlo de manera efectiva.
Una de las principales dificultades que las autoridades capitalinas encuentran radica en la jurisdicción territorial. Puesto que las redes sociales y plataformas digitales más utilizadas tienen sus centros de operación fuera del país, resulta complejo iniciar investigaciones directas contra sus servidores y responsables legales. Esta situación limita significativamente el alcance de las acciones que la Policía Cibernética de la CDMX puede ejecutar.
Los delincuentes aprovechan estas vulnerabilidades para lanzar carnadas a las víctimas a través de correos fraudulentos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales, suplantando identidades de instituciones financieras y empresas legítimas. El objetivo es obtener información sensible como contraseñas, números de tarjeta de crédito y datos bancarios.
A pesar de los desafíos, las autoridades de la capital continúan desarrollando estrategias de prevención y educación digital, instando a la ciudadanía a verificar la autenticidad de los enlaces y mensajes recibidos, así como a reportar casos sospechosos a las autoridades correspondientes.
